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7.4.13

En medio de la polémica del agua, funcionarios uruguayos dan cátedra ambiental en Paraguay

Un proyecto minero gigantesco y muy polémico avanza en Paraguay. Se trata de una mega emprendimiento llamado Río Tinto Alcan. Es tan polémico que el ex presidente Fernando Lugo ha dicho que una de las causas ocultas de su destitución fue la negociación que estaba llevando adelante con esta compañía minera, que pretende instalar en su país una planta para transformar alúmina (un producto derivado de la bauxita) en aluminio.
Lugo no estaba decididamente en contra de la instalación de Rio Tinto, pero se negaba a aceptar un enorme descuento en el precio de la electricidad que pretendía obtener la empresa: "No estamos para regalar tanta plata", dijo en 2011. La producción de aluminio consume una enorme cantidad de electricidad y Río Tinto quiere pagarla barata.
No sé si eso influyó o no en la salida de Lugo, pero muchos paraguayos desconfían de Río Tinto y de las condiciones con las que pretende instalarse en Paraguay. Justamente para aventar esas dudas, el nuevo gobierno, más favorable a un acuerdo con la minera, contrató a tres expertos internacionales para que, en base a su experiencia, asesoraran a los paraguayos que integran el llamado Grupo Técnico de Negociación, los hombres que negocian y deberán controlar a Río Tinto.
Mientras en Uruguay nos preguntamos si podemos tomar el agua que sale de la canilla, resultó una verdadera sorpresa leer en la prensa paraguaya que una de las expertas contratadas fue Alicia Torres, la ex directora de la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) uruguaya. Los otros dos fueron el canadiense Pierre Renaud, abogado ambientalista, expresidente del Consejo de Audiencias Públicas de la provincia de Quebec (donde Río Tinto tiene una planta de aluminio), y el francés Jean Philippe Bouton, responsable de evaluación y monitoreo ambiental de industrias del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Ecología de Savoie, Francia (donde también opera Rio Tinto).
Los tres expertos se presentaron el 18 de marzo en Asunción, en la sede del Ministerio de Industria y Comercio, dando inicio a una serie de charlas que se extendieron durante tres días. El simposio fue presidido por el ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, quien declaró, según consignó el diario Última Hora, que a las charlas podía ir todo el mundo "incluso aquellas personas que están en contra de la venida Río Tinto Alcan". 

Algunas cosas curiosas

Alicia Torres, según las notas aparecidas en la prensa paraguaya, dio en Asunción una serie de consejos generales: ser rigurosos en los procesos ambientales, formar técnicos locales, procurar que esos técnicos tengan trabajo en el país. Afirmó que ante proyectos como Botnia o Rio Tinto lo más fácil es decir que sí o que no -de modo categórico y sin matices-, pero "lo más difícil es recorrer el camino del sí, pero con determinadas condiciones". También, según reprodujo el diario local La Nación, Torres les dijo a los paraguayos que podían compensar las emisiones contaminantes de dióxido de carbono de la industria con planes de forestación.











Pero más allá de los dichos de Torres, y a la luz de las noticias de todos los días, es inevitable hacerse algunas preguntas.
¿Cuándo fue que Uruguay alcanzó la estatura de estado modelo en procesos ambientales? Es muy curioso que un país que hoy está descubriendo que sus principales reservas de agua potable están contaminadas -justamente por una mala gestión ambiental- salga a dar cátedra a los vecinos. Y ese es apenas uno de muchos problemas ambientales mal resueltos en el Uruguay de hoy.
También es curioso que mientras Uruguay discute -y todavía no resuelve- la actitud a tomar frente a los proyectos de megaminería, los técnicos del estado uruguayo asesoren a otro país que enfrenta la misma discusión.
Alicia Torres ya no dirige la Dinama, pero trabaja en la Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ha señalado que fue a Paraguay a título personal. Sin embargo, también es muy curioso que importantes funcionarios públicos uruguayos se presenten a dar consultorías contratados por el gobierno del Paraguay, al que el nuestro gobierno considera ilegítimo. Así, mientras Uruguay juega un rol decisivo para mantener a Paraguay suspendido del Mercosur, los funcionarios uruguayos se presentan en Asunción a dar conferencias presididas por un ministro de ese gobierno considerado espurio. En resumen: el gobierno paraguayo es ilegítimo para integrar el Mercosur, pero es legítimo para contratar asesorías.
Mientras tanto, ayer en Tienda Inglesa me dijeron que se agotaron los filtros para el agua.
Aunque seguro que de eso no se habló en Asunción.

el.informante.blog@gmail.com

31.3.13

Comer, beber y respirar en el Uruguay Natural

uruguay natural - eslogan- jabón Lux"Uruguay natural" nunca fue más que un eslogan publicitario, tan verdadero como aquel que dice que nueve de cada diez estrellas usan jabón Lux.
Lo que tenía de "natural" el Uruguay era su atraso, su carencia de industrias, su escaso desarrollo económico. Nunca hubo una política de estado tendiente a asegurar lo "natural" del país. Las leyes ambientales en general estaban rezagadas respecto al resto del mundo. Los organismos que debían preservar los recursos naturales siempre fueron postergados, dotados de escasos recursos y personal insuficiente. Bastaba acercarse a las orillas de los arroyos de Montevideo para ver qué tan pobre era el compromiso nacional con el cuidado de la naturaleza.
Quienes se preocupaban por estos temas nunca fueron tomados en serio. Al doctor Tálice, que intentó impulsar en solitario el Partido Verde, se lo consideraba, en el mejor de los casos, un abuelito simpático y bienintencionado, pero naif, medio chocho e irrelevante en términos políticos. En general, a todo aquel que se definía como ecologista se lo consideraba un despistado o un inútil.
Cuando el desarrollo agroindustrial comenzó a llegar al "Uruguay natural", justo cuando más se necesitaba de organizaciones y científicos preocupados por preservar los recursos naturales, los piqueteros de Gualeguaychú le dieron el golpe de gracia al débil ambientalismo uruguayo.
Ocurrió por dos razones. Primero, por lo exagerado de su prédica. Sus proclamas -que definían la instalación de Botnia como un "genocidio" y un "holocausto"- reforzaron en Uruguay la idea de la falta de seriedad de los ambientalistas, su alarmismo y lo disparatado de sus postulados.
Peor todavía fue que cortaran durante más de tres años el puente entre Fray Bentos y la orilla argentina del río Uruguay. Esta medida, tolerada y alentada por el gobierno de Néstor Kirchner, perjudicó en forma directa la vida económica y laboral de miles de uruguayos inocentes, y fue vivida por todo el país como una agresión ilegal y desmesurada.
En Uruguay había gente preocupada por los efectos ambientales de la industria forestal y de las nuevas mega plantas de celulosa, pero tras el corte del puente se quedaron sin espacio y sin el más mínimo margen de maniobra. Plantear cualquier cuestión ambiental pasó a ser una especie de traición a la patria. Un ambientalista ya no era un hippie despistado, sino un sujeto peligroso, infiltrado, traidor, aliado del enemigo, un cómplice de la patota piquetera.
Néstor Kirchner y Gualeguaychú fueron los principales responsables de esa operación, sí, pero muchos políticos y medios de comunicación uruguayos aprovecharon la coyuntura para demonizar y ridiculizar cualquier reclamo ambiental, mientras abrían el país a todo proyecto que aportara dinero ya, sin evaluar su costo ambiental para las generaciones venideras.
A fines de 2005 el entonces senador Eleuterio Fernández Huidobro, socio y hermano del alma del actual presidente José Mujica, hizo una fuerte defensa de la industria forestal en la que exhibió todo su desprecio por los ambientalistas. Dijo: "será muy difícil que un día dejen de plantarse bosques en Uruguay por más que así lo pretenda la izquierda cholula, amante de los pajaritos y de las ballenas blancas, hija de la bobeta, apartada de la realidad pero debidamente muy bien financiada por las ONG de cada uno de los bloques y la cholulez planetaria (un mercado de sopa boba nada despreciable para pasarla bien diciendo pavadas)".
Y la bola de menoscabo y agresión siguió creciendo. En 2011 fue el propio presidente Mujica quien se burló de los reclamos ecologistas, mientras una claque de alcahuetes aplaudía y sonreía detrás:



Fernández Huidobro y Mujica ganaron. El debate ambiental desapareció del Uruguay durante casi una década. Lo poco que hubo, nadie se lo tomó en serio. El resultado está a la vista.
En estos días la prensa informa de ovejas que mueren después de tomar agua del río Negro. De golpe descubrimos que los agroquímicos y residuos varios han contaminado también el río Santa Lucía, de donde sale el agua potable de medio país. También la laguna del Cisne, otra fuente de agua potable, está contaminada con pesticidas. Un prestigioso científico de la Facultad de Ciencias advierte de no beber más agua de OSE y la vincula con una "epidemia de cáncer".
La playa Ramírez tiene niveles altísimos de contaminación de plomo. Otras van camino a desaparecer. La polución del aire en algunos lugares de Montevideo, medida por científicos uruguayos y extranjeros, es alarmante. En el campo usamos pesticidas que están prohibidos en otras partes del mundo. Comemos manzanas que no están habilitadas para comerse en Europa.
Nuestras leyes ambientales siguen atrasadas y los organismos encargados de hacerlas cumplir continúan sin tener los elementos necesarios. Incluso el escaso poder de control de la Dirección Nacional de Medio Ambiente molesta. El presidente Mujica ya habilitó nuevos eventos transgénicos en contra de la recomendación de los técnicos de la Dinama. Luego propuso trasladar esta oficina y hacerla depender en forma directa de la Presidencia. Ahora, en medio de la polémica por la contaminación de los ríos y el agua potable, el gobierno anuncia, según informa El País, un proyecto tendiente a rebajar sus controles.
Lo que más sorprende es la impunidad. Lo mismo que la gente que en las paradas de avenida Italia se traga sin chistar el humo negro y cancerígeno que despiden autos y ómnibus de grandes empresas que nadie controla.
Nadie dice nada.
Los que estamos preocupados por estos temas puede que seamos una izquierda cholula, hija de la bobeta, amante de los pajaritos y de las ballenas blancas, como dice Fernández Huidobro. Puede ser.
Pero lo que no es cierto es que estemos apartados de la realidad.
Nuestra realidad hoy no tiene nada de Uruguay Natural. Nuestra realidad es el plomo en la playa, el humo cancerígeno en el aire de nuestras avenidas, nuestras manzanas clase B, el agua contaminada con algas tóxicas.
Eso comemos. Eso respiramos. Eso tomamos.
Esa es nuestra verdadera sopa boba.

contaminación algas tóxicas río Negro, Uruguay. Muerte de ovejas.














P.d.:
Respecto a la contaminación en el río Santa Lucía y en la planta de Aguas Corrientes, vale la pena leer el siguiente informe del biólogo Emanuel Machín: http://leonardohaberkorn.blogspot.com/p/canita-voladora-el-posible-origen-de.html

el.informante.blog@gmail.com

10.2.12

Gudynas: "Un día triste para el ambientalismo uruguayo"

Reproduzco aquí, por considerarla de interés, una carta pública remitida por el reconocido ambientalista Eduardo Gudynas.

"En el día de hoy, el presidente José Mujica anunció su intención de transferir la actual Dirección de Medio Ambiente, de su ubicación institucional actual en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Presidencia (específicamente a la Oficiana de Planeamiento y Presupuesto).
Esta es una pésima noticia para el tema ambiental en Uruguay, ya que significa desmantelar al Ministerio del Ambiente, y colocar los mecanismos que otorgan permisos ambientales directamente en manos de la Presidencia. La intención es clara: llevar las evaluaciones ambientales a su mínima expresión, y colocarlas debajo de las decisiones de inversión en manos de la Presidencia.
Es posiblemente una decisión que por ahora es ilegal -los cambios normativos necesarios para concretar esa transferencia son de una enorme complejidad, y muchos requieren la aprobación de nuevas leyes.
Eduardo Gudynas
Tiene un sabor particularmente amargo ya que todos los países sudamericanos se están movimiento hacia ministerios del ambiente plenos, y aquí se intenta ir hacia atrás. Pero además se copia
a Argentina -es el único país sudamericano cuya agencia ambiental depende de la Presidencia,
vía la jefatura del gabinete (una reforma de Néstor Kirchner).
Se llega así a un nuevo extremo, en la misma línea de las burlas del presidente a los temas ambientales, su decidida promoción de la minería, los intentos de rebajar las exigencias ambientales, etc. El objetivo actual es desmontar la institucionalidad ambiental.
Un día triste para el ambientalismo uruguayo".

30.12.11

El irresistible avance de los transgénicos

Una bendición. Una maldición. Pocos temas dividen más las aguas que los transgénicos.
Un transgénico es un organismo al que el hombre le ha insertado un gen de otra especie. Parecen de ciencia ficción, pero ya son una realidad servida en nuestra mesa.
Los avances en biotecnología le permiten hoy al hombre extraer genes de un ser vivo y colocárselos a otro de una especie distinta para dotarlo de alguna ventaja de la cual carece naturalmente. Ni siquiera es necesario respetar las fronteras que dividen al reino vegetal del animal. Son las maravillas de la ingeniería genética: mañana oiremos hablar de una lechuga a la que se le insertó un gen del atún, de un halcón al que le pusieron un gen de la naranja.
Hay quienes ven esto como un gran avance, un camino que abre infinitas posibilidades al hombre, una ruta cierta para aumentar la producción de alimentos. Otros, en cambio, lo consideran un peligro, una caja de Pandora antinatural y de imprevisible futuro, con reminiscencias del Golem de Borges.
Informe sobre transgénicos - soja - maíz - glifosato
Este informe fue publicado en la edición octubre-
noviembre 2011 de la revista Placer
La idea partió de un fenómeno presente en la naturaleza. Existe una bacteria en el suelo –Agrobacterium tumefaciens- que ataca a diversos  frutales, como la vid, los durazneros y los manzanos. Esta bacteria logra un fenómeno único: le traspasa su código genético a su víctima.
El hombre, sin embargo, es nuevo en esto de pasar genes de una especie a otra. Por ahora puede hacerlo, aunque no tiene la capacidad de determinar en qué lugar exacto del ADN del receptor quedará alojado el extraño gen que recibe. Hay una cuestión de suerte. Allí donde cae, el nuevo gen queda. Por eso los transgénicos reciben el curioso nombre de “eventos”.
En Uruguay el primer “evento transgénico” autorizado fue la soja RR, una variedad creada, patentada y vendida por la empresa Monsanto y que, gracias a la incorporación de un gen de la bacteria  Agrobacterium SP, se tornó resistente al herbicida glifosato.
Esto quiere decir que si en un cultivo de soja RR se aplica este agroquímico todas las plantas allí presentes mueren, pero nada le ocurre a la soja.  Eso, al menos en principio, simplifica el modo de cultivarla.
La siembra de soja RR fue autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en 1996, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, sin que mediara ningún debate público al respecto.
La situación se mantuvo incambiada hasta los años 2003 y 2004, cuando, durante la administración del presidente Jorge Batlle, se habilitaron dos nuevos cultivos transgénicos, el maíz MON810 y el maíz BT.
El MON810 y el BT son maíces que, producto de la introducción de genes de distintas bacterias, se transformaron en plantas con flit incorporado: matan a los insectos lepidópteros, más conocidos como mariposas, que son plaga de su cultivo.
A diferencia de lo ocurrido con la soja, estos dos nuevos “eventos” sí fueron analizados por una comisión de evaluación de riesgo de la cual formaron parte técnicos del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por eso, su autorización recogió dos medidas de precaución: se estableció que cada productor de maíz transgénico debe hacer una declaración jurada y se fijó un “área de amortiguación” según la cual estos cultivos deben estar a por lo menos a 250 metros de cualquier cultivo de maíz tradicional.
En cambio, no fue contemplado el reclamo de varias ONGs y algunos técnicos para que se decretara el etiquetado obligatorio de todos los productos genéticamente modificados.
Tras ocho años sin que se autorizara el cultivo de ningún nuevo vegetal transgénico, la voluntad del actual gobierno del presidente José Mujica de estimular estos cultivos quedó en evidencia en dos de sus decisiones. En octubre de 2010 se autorizó la plantación con fines de estudio de cinco nuevas variedades transgénicas, a pesar de los informes en sentido contrario de técnicos de la Dinama y la Facultad de Ciencias de la Udelar.  En junio de 2011 se autorizó el cultivo masivo de cinco nuevas variedades de maíz genéticamente modificado: dos de ellas resistentes al glifosato, una con insecticida incorporado y otras dos con ambos efectos simultáneos.

La expansión
Los transgénicos son un súper éxito en Uruguay. Tanto que el país, a pesar de su reducida superficie, ocupa hoy el noveno lugar en el ranking mundial de sembradores de productos genéticamente alterados.
Antes de 1996, en Uruguay se cultivaban entre 5.000 y 7.000 hectáreas de soja natural. Hoy ya se llegó al millón, prácticamente todas de soja transgénica. Según Daniel Bayce, gerente de la Cámara de Semillas, la impactante expansión se explica por tres motivos: la suba internacional del precio de este vegetal, los impuestos que Argentina colocó a sus productores y la simplificación en el modo de cultivar que supuso la soja RR.
“La soja resistente a los herbicidas –dijo- facilitó el control de las malezas, que no era sencillo en Uruguay porque los herbicidas tradicionales no lograban un efecto completo”.
Por su parte y de la mano de la expansión de sus variedades transgénicas, el maíz pasó de 38.900 hectáreas en 2003 a 96.000 en 2010. Tan arrollador ha sido el avance del maíz transgénico que se estima que hoy solo el 2% del maíz se produce en chacras dedicadas al cultivo convencional u orgánico.
“Uruguay era un país dependiente del maíz importado de Argentina, y hoy puede autoabastecerse”, señaló Bayce. “La llegada del maíz resistente a los insectos ha sido muy importante, porque antes controlar la lagarta era complicado. Se necesitaban dos y tres aplicaciones de insecticidas, que hoy ya no son necesarias”.
Bayce es un ferviente partidario de la soja y el maíz genéticamente modificados. “En el caso el maíz, por ejemplo, el transgénico bajó el costo y simplificó la logística del cultivo. El productor ya no tiene que manipular insecticidas. Y ya no se usan productos que matan indiscriminadamente, porque el maíz transgénico es tóxico para un grupo particular de animales que es el que afecta los cultivos y no para todos”.
¿Por qué entonces los transgénicos generan tanta oposición y rechazo?
Algunos de sus flancos más cuestionados tienen origen en sus propias soluciones: el glifosato, por ejemplo.
El glifosato, también patentado por Monsanto, no es el más tóxico de los herbicidas. Por eso, su aplicación asociada al cultivo de soja RR puede verse, en principio, como beneficiosa, ya que sustituye a otros agroquímicos más contaminantes, como la atrazina, cuya ominosa presencia ya se detectó en las aguas del río Santa Lucía.
Sin embargo, el glifosato se está transformando en un gran problema. Sabedores de que su soja transgénica sobrevivirá no importa cuántas toneladas de este herbicida le echen encima, los productores tienden a utilizar el glifosato en cantidades que superan lo aconsejable.
“Hoy se lo está aplicando en exceso, en grandísimas extensiones”, señaló Pedro Mondino, docente de fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. “Como es barato se lo aplica de más, por las dudas. Se dice que ese no es un problema del transgénico en sí, sino una cuestión de malas prácticas agrícolas. Pero de un modo u otro está ocurriendo”.
A su vez, el uso de glifosato se multiplica aún más por la aparición de  malezas resistentes, otro de los puntos débiles de la tecnología transgénica.
Cuando son atacadas, todas las especies animales y vegetales buscan un mecanismo que les permita sobrevivir. Eso incluye a las malezas –los yuyos- que se ven rociados con glifosato. Más tarde o más temprano, en los campos de soja transgénica –si los cultivos no se rotan- aparecen hierbas mutantes inmunes al glifosato. Estos vegetales se reproducen y luego de un tiempo los campos se llenan de malezas resistentes.
¿Qué hace el productor cuando detecta que hay hierbas que no mueren con el glifosato? Generalmente echa más glifosato. Como no obtiene resultados, echa más aún. La maleza sigue viva y el productor insiste. El círculo del exceso de glifosato se expande. Finalmente se recurre combinar el glifosato con pesticidas más tóxicos y contaminantes.
Estas hierbas resistentes al glifosato han sido bautizadas como “súper malezas” y ya son un problema para los agricultores de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos. En Uruguay su aparición es incipiente. Según Bayce, de la Cámara de Semillas, ha ocurrido que la hierba llamada carnicera no muera en los cultivos, pero según sus datos eso no se debe a que se haya transformado en resistente, sino a que esa planta, cuando ya está muy desarrollada, no absorbe el herbicida. Otras fuentes, en cambio, señalaron que las súper resistentes ya están entre nosotros.
“En Uruguay ya hay malezas resistentes. Es conocido e incluso se ha publicado en la prensa”, dijo Eduardo Gudynas, poseedor de una maestría en ecología social.
Lo mismo que pasa con las malezas ocurre con los insectos. Si uno ataca a los lepidópteros sembrando grandes extensiones de un maíz que los mata, llegará el momento en el que uno de estos insectos mutará y logrará sobrevivir al veneno. Cuando ese animal se cruce con otro resistente, se reproducirá. Entonces tendremos un escuadrón de mariposas mutantes cuyas voraces larvas serán inmunes a los insecticidas.
Para que eso no ocurra, la ley obliga a que en cada plantío de maíz transgénico, una superficie equivalente al 10% del total se cultive con maíz tradicional.
El objetivo es que algunos insectos coman de ese sector y por lo tanto no mueran. Así se reducen las posibilidades de que un mutante encuentre una pareja con su misma alteración. Porque si el mutante se cruza con un insecto normal, sus hijos serán normales: se necesitan dos mutantes para que la anomalía prospere y se extienda. De ese modo, si bien ese “refugio” de maíz tradicional no impide la aparición de súper insectos resistentes a los agroquímicos, sí reduce las posibilidades de que se crucen, se reproduzcan y difundan su mutación.
La existencia de estos “refugios” es controlada por el MGAP. En cambio, para evitar las súper malezas la mejor medida sería rotar los cultivos, pero eso no lo exige ni lo controla nadie.
Esa falta de rotación también empobrece los suelos. A diferencia de lo que ocurre con otros cultivos, la soja (en todas sus variedades) toma mucho del suelo y devuelve poco.
Quien dio la voz de alerta fue el propio decano de la Facultad de Agronomía, Fernando García, un especialista en el tema. En la Expo Prado 2010 afirmó: “la soja es un problema para la conservación del suelo, porque tiene poca biomasa y la mayoría se cosecha porque es muy eficiente, no cubre el suelo, no repone nada de lo que extrae".
Agregó que eso debería mitigarse rotándola con otros cultivos, “pero el mercado va hacia la soja, soja, soja”.
Según señaló Bayce, para enfrentar este problema, a partir de 2012 el MGAP comenzará a exigir a los productores que presenten un plan de manejo del suelo, con rotación de cultivos.

El polen volador
Otro cuestionamiento que se le hace a los transgénicos es el modo en que afectan a otras plantaciones.
Cuando en 2008, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo sancionó el decreto que regula la plantación de estos vegetales genéticamente modificados, se definió que Uruguay seguiría una política de “coexistencia regulada” entre los cultivos convencionales, orgánicos y transgénicos.
“Se suponía que eso significaría que el gobierno le aseguraría a cada sector las mismas oportunidades. Pero creo que es ahí donde más se está fallando”, dijo un técnico de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que pidió que su nombre no se publicara.
El problema principal es el polen. 
Cada planta de maíz produce entre 4,5 y 25 millones de partículas de polen en cada floración que son llevadas por el viento (y en menor medida por los insectos) y polinizan otros maíces.
Se han comprobado casos de plantas de maíz que fueron fecundadas por otras situadas a 800 metros. Y se sospecha de casos ocurridos a distancias aún mayores. Sin embargo, se estima que una distancia de 200 metros entre un cultivo y otro garantiza una pureza de 99%. Y una de 300 metros lleva el porcentaje a 99,5%.
Uruguay decretó que los cultivos transgénicos deben estar a una distancia mínima de 250 de los convencionales u orgánicos. Y le encomendó la tarea de control a la Dinama. Sin embargo, el técnico consultado señaló que esa oficina carece los recursos necesarios como para verificar que esa normativa se cumpla. No es un detalle menor. Por el contrario, es un problema mundial: si el polen transgénico comienza a fecundar a las plantas de maíz tradicionales y el fenómeno se expande a gran escala podría perderse la identidad genética del maíz. Las variedades originales –propias de México y Perú- podrían desaparecer como tales. También las variedades locales, de las cuales Uruguay tiene algunos valiosos maíces criollos, podrían perderse. El maíz de todo el mundo podría volverse uniformemente transgénico, lo que significaría un grave riesgo para este cultivo, ya que la supervivencia de toda especie animal o vegetal depende de que se mantenga su diversidad genética.
Variedades diversas del maíz en Perú peligran por los transgénicos
Variedades del maíz en Perú.
El técnico de la Dinama entrevistado para este informe cree que ese fenómeno ya comenzó a producirse en Uruguay, quizás de forma irreparable.
En 2009, un estudio realizado en colaboración entre el laboratorio de Trazabilidad Molecular (Sección Bioquímica) de la Facultad de Ciencias y la ONG Redes - Amigos de la Tierra relevó la situación de 11 chacras de maíz no transgénico. Cinco de ellas presentaban riesgo real de fertilización cruzada por transgénicos, teniendo en cuenta la distancia al plantío transgénico más cercano  y la coincidencia en sus fechas de floración. De ellas, tres presentaron contaminación transgénica. Dos de estas chacras se encontraban a una distancia de entre 40 y 100 metros de una  plantación de maíz genéticamente modificada, en clara violación a la normativa vigente. La otra estaba a más de 300 metros y se había visto afectada a pesar de estar separada del cultivo transgénico más cercano por una distancia mayor a la exigida por las autoridades.
El responsable del estudio, el bioquímico Pablo Galeano, manifestó al presentar sus conclusiones: “Esta investigación viene a demostrar que aún con los pocos eventos transgénicos que hay no existen garantías de ningún tipo para aquellos que busquen conservar materiales criollos libres de transgénicos, u orgánicos. Por lo tanto la coexistencia regulada no es coexistencia”.
Más dura fue la ONG Redes Amigos de la Tierra: “La ‘coexistencia controlada’ entre cultivos transgénicos y orgánicos o convencionales es un espejismo legal que no tiene su correlato en la realidad”.
Un técnico de la Dinama consultado para este informe fue cáustico: “Este tema es muy complejo y supera las actuales capacidades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de la Dinama. ¿La distancia establecida de 250 metros está bien? ¿O tendrían que ser 500? ¿Quién lo está estudiando? ¿Quién está controlando que se cumpla la norma vigente? ¿Dónde están ubicados los productores orgánicos que se debería proteger? Nos faltan estudios, recursos, información, bases de datos, indicadores. No estamos en condiciones de manejarlo bien”.
El técnico se mostró pesimista. “Es posible que ya no quede nada que cuidar. Tenemos casi un millón de hectáreas de soja transgénica. El maíz ya va a superar las 100.000. Y ahora va a haber cinco variedades más. Con esas cifras es casi imposible que los escasos cultivos convencionales u orgánicos no reciban genes transgénicos”.
Orgánico y transgénico son incompatibles. Si un cultivo orgánico recibe polen transgénico pierde su condición de tal.
Existe en Uruguay un molino –Santa Rosa- que ha trabajado con maíz orgánico. Se trata de una empresa llevada adelante por sus propios trabajadores. Su responsable, Carlos Reyes, dijo que ya hace un tiempo no logran adquirir una partida suficientemente grande de maíz orgánico para procesarla. “Como hay mucho transgénico, hay mucha contaminación. Hay maíz orgánico para consumo fresco, pero es difícil conseguir una partida que se pueda certificar como orgánica y que tenga al menos 30 toneladas para que valga la pena industrializarla. Últimamente no la hemos podido obtener”.

Polentas trans
Aunque en Uruguay están prohibidas las variedades transgénicas de maíz dulce (el que se usa para consumo directo humano, de donde se obtiene el choclo que se vende en ferias, puestos y supermercados), los uruguayos ya estamos comiendo maíz transgénico.
Una tesis de grado elaborada en la Facultad de Ciencias lo demostró de modo tajante.
El trabajo que realizó para de graduarse como licenciado en biología, Martín Fernández Campos estudió el contenido de 20 polentas en venta en Uruguay.
El resultado fue categórico. Fernández –con la tutoría del doctor Claudio Martínez Debat- logró obtener muestras analizables de ADN en 18 de los 20 casos. Y todas ellas contenían maíz transgénico.
“Se concluye que el 100% de las muestras analizadas están elaboradas al menos en parte por maíz genéticamente modificado”, dicen las conclusiones.
Además, “es de esperar que muchos alimentos elaborados a base de maíz como galletas, pan, aceites, raciones animales, entre muchos otros, también lo contengan. Durante la puesta a punto de las metodologías se analizaron nachos y cereales de marcas conocidas y ambos productos también contenían maíz GM”.
En sus conclusiones, Fernández señala que “es indispensable poner a punto metodologías que permitan detectar contaminación entre chacras” si Uruguay quiere cumplir con la proclamada coexistencia entre distintos tipos de cultivos (convencionales, orgánicos y transgénicos).
La tesis de Fernández recuerda que cada vez el público reclama un mayor conocimiento de lo que está comiendo. Pero por el momento, Uruguay no exige un etiquetado que diferencie a los productos que tienen transgénicos de los que no. Y pocos pueden suponer que al comer polenta están comiendo maíz genéticamente modificado.
El profesor de fitopatología Mondino es uno de los que quisiera poder acceder a ese tipo de datos: “Si sos un poco precavido, es lógico que prefieras no comer un alimento que esté fabricado con transgénicos. En el caso del maíz, el insecticida que se usaba fuera, lo pusieron dentro de la planta. Estamos hablando de una planta en la cual, cada una de sus células tiene una toxina. Y nadie te informa lo que estás comiendo. Yo quiero poder elegir si lo quiero comer o no. Lo que me gustaría es que los alimentos transgénicos se etiquetaran, pero eso no ocurre porque Uruguay hoy no obliga a hacerlo”.
Para Bayce eso es casi imposible. Según su razonamiento, si se etiquetan  los alimentos transgénicos, se debería verificar que los que dicen estar libres de ellos no mientan. Analizar todos los alimentos le parece utópico. Cuando se le recuerda que en Japón y Europa ya rige el etiquetado obligatorio, acusa a los europeos de actuar con hipocresía: “Ellos tienen dos excepciones a su norma de etiquetado: los microorganismos son la primera y, qué casualidad, ellos usan microorganismos transgénicos en sus industrias lácteas y de vinos. La otra excepción son los derivados de animales y, oh casualidad, todo su ganado se alimenta de maíz transgénico argentino o de Estados Unidos”.
Bayce dice no entender para qué se pide el etiquetado cuando los alimentos transgénicos están tan habilitados como cualquier otro, en función de que no existe ninguna evidencia de que dañen la salud.
Pero quienes desconfían sostienen que nadie sabe cuáles podrían ser las consecuencias de consumir transgénicos a largo plazo. Todavía –aducen- no ha transcurrido tiempo suficiente para estar seguros. El profesor de bioquímica y biología molecular Martínez Debat, tutor de la tesis que comprobó la presencia de transgénicos en las polentas, señaló a La República que “a largo plazo no se sabe” qué puede ocurrir. Dijo que, por ejemplo, podría producirse una inserción de material genético en el organismo de quien come transgénicos, con resultados desconocidos. “Todos somos conejillos de Indias”, señaló.
Mondino comparte el resquemor. El fitopatólogo señaló que el conocimiento científico varía y lo que hoy se considera seguro, mañana puede no serlo. “A principios de los años 60, la que entones era la máxima autoridad de la fitopatología uruguaya aconsejaba aplicar mercurio y arsénico de plomo a los tomates. Se lo consideraba seguro. Hoy sabemos que eso es muy peligroso para la salud”.
Lamentablemente –agregó- los estudios para demostrar efectos negativos de cualquier producto no son fáciles, son costosos y muchas veces solo se justifica invertir dinero y recursos humanos en estudiarlos cuando se constata que han provocado algún problema importante”.
Sin embargo, en el gobierno no parece existir mucho clima para escuchar los reclamos o los consejos de aquellos más precavidos ante los transgénicos.
El etiquetado ha sido reclamando muchas veces y siempre fue descartado. La norma que fija una distancia de 250 metros entre un cultivo transgénico y otro convencional u orgánico parece estar en vías de ser derogada, según relataron fuentes empresariales y de la Dinama.
El divorcio entre los técnicos y los ministros que finalmente toman las decisiones quedó en evidencia cuando en octubre de 2010 se autorizó a plantar en forma experimental cinco nuevos “eventos” transgénicos: dos sojas y tres maíces. En esa oportunidad al menos uno de los maíces recibió un informe negativo de los técnicos de la Dinama y de los especialistas en entomología de la Facultad de Ciencias. Se trata de un maíz que incorpora una toxina que mata a un insecto que no es plaga del cultivo en Uruguay. Los técnicos no veían el sentido entonces de introducir esa variedad, ni de matar a insectos que no son plaga, modificando el ambiente sin un objetivo muy claro.
“No tiene sentido investigar algo que no le va a solucionar ningún problema concreto a nuestros productores”, dijo un técnico de la Dinama.
Sin embargo, la objeción no fue oída y la ministra de Medio Ambiente Graciela Muslera se alineó con el resto del Poder Ejecutivo y firmó la habilitación.  “Queda claro que se trata de autorizaciones políticas y no técnicas”, afirmó Eduardo Gudynas.
Tal decisión provocó que la representante alterna del Ministerio de Medio Ambiente ante la Comisión para la Gestión del Riesgo del Gabinete Nacional de Bioseguridad, la ingeniera agrónoma Laura Bonomi, renunciara a su cargo. Consultada para este informe, Bonomi afirmó que no hizo ni hará declaraciones públicas.
Mientras tanto, las opiniones continúan tajantemente divididas. Para Bayce, que representa a todos los involucrados en la plantación y comercio de transgénicos a través de la Cámara de Semillas, todo se debe a un problema ideológico. Cree que los cultivos genéticamente modificados son atacados por ser producidos por multinacionales, como Monsanto y Syngenta, que cobran derechos de autoría por estas variedades que tienen patentadas.
“Si logran estigmatizar el producto, logran hacer un perjuicio a la multinacional que hace la materia prima. Es un tema ideológico. Yo admito que en esta tecnología hay una preeminencia de cinco o seis compañías. Pero entonces la clave está en sancionar leyes antimonopólicas. Debería trabajarse por ahí y no atacando un producto que supone muchos beneficios. Porque un millón de hectáreas de soja transgénica producen un efecto menor en el medio ambiente que un millón de hectáreas de soja convencional”, afirmó.
A Mondino lo que le da bronca es que a quienes cuestionan algún aspecto de los transgénicos sean tratados como “ambientalistas” o gente refractaria a la ciencia. “Yo soy un científico”, dijo.
En estos días el fiscal Enrique Viana libra un juicio contra los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente, con el fin de lograr que Montevideo sea declarada un área libre de transgénicos. Pretende con ello dejar una zona del país que sirva como refugio para la producción orgánica. Pero no es muy optimista con el resultado.
Para él, con los transgénicos pasa lo mismo que con las fábricas de celulosa, las plantaciones forestales y los proyectos de minería a cielo abierto. “Todos estos elementos –dijo Viana- marcan una contradicción muy fuerte con la ley de medio ambiente, que coloca al Uruguay Natural como un principio jurídico. Pero al mismo tiempo, también son hechos consumados o van camino a serlo”. “A esta altura –se resigna el fiscal- más valdría derogar la ley”.

Artículo de Leonardo Haberkorn
Publicado en la edición octubre- noviembre 2011 de la revista Placer
el.informante.blog@gmail.com

8.5.10

Pelar hasta los tomates

En Uruguay se usan pesticidas prohibidos en otros países. Se tolera que los vegetales tengan cantidades de residuos de plaguicidas que son ilegales en Europa. Hay agricultores que usan los agrotóxicos a ojo. La información se le oculta al consumidor. La solución: lavar y pelar todo. Hasta los tomates.

Un durazno maduro, jugoso, dulce y aromático. Todos los sentidos invitan a morderlo con entusiasmo y sin cuidado. Pero sobre su suave piel –imposibles de detectar para nuestros sentidos- pueden existir residuos de uno, dos, tres, cinco o más pesticidas diferentes, en concentraciones a veces dañinas para la salud.
Salvo una producción agrícola orgánica marginal, la inmensa mayoría de las frutas y hortalizas que se consumen en Uruguay se cultivan con la ayuda de un extenso arsenal de agentes químicos que matan todo tipo de plagas.
Están los insecticidas, los hormiguicidas, los herbicidas (que matan los yuyos), los fungicidas (eliminan los hongos), los acaricidas (acaban con los ácaros) y los coadyuvantes (que potencian la acción de los anteriores). Todos ellos son usados por nuestros agricultores en forma creciente. Las estadísticas oficiales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca muestran que las importaciones de pesticidas crecen año a año. En 2003 fueron 7,6 millones de kilos. En 2009 casi el doble: 13,7 millones de kilos. Muchas veces se utilizan, por ejemplo, varios fungicidas en un mismo cultivo. En el laboratorio de Bromatología de la Intendencia –según relató uno de sus técnicos- se han encontrado frutas con restos de hasta nueve productos químicos diferentes. En Europa, con mejores equipos, han llegado a detectar hasta 29 pesticidas distintos en un mismo vegetal, que uno come sin sospecharlo siquiera.
Estos agroquímicos tienen un efecto positivo obvio: eliminan plagas que podrían reducir nuestras cosechas a cero y sumirnos en el hambre. Pero también poseen un lado muy peligroso: son sustancias sintéticas creadas para eliminar la vida en alguna de sus formas y todas, según su concentración y modo de aplicación, pueden ser muy peligrosas para la salud humana. “Está demostrado que los pesticidas quedan sobre los productos y que todos ellos afectan la salud. Todos son sustancias biocidas, así que de un modo u otro afectan al ser humano. Por eso se trata de que las concentraciones que nos llegan sean tan bajas que no nos afecten”, explicó el ingeniero agrónomo y profesor de fitopatología Pedro Mondino.
Con ese objetivo, en todo el mundo, en especial en Europa y Estados Unidos, se han sancionado leyes y normas tendientes a que estos productos sean usados de modo de no poner en peligro la salud de los consumidores.
En el mundo desarrollado, estos reglamentos van perfeccionándose conforme la ciencia conoce más sobre los efectos de los agroquímicos, y cada año se van haciendo más estrictos. La prensa, las ONGs y la opinión pública presionan para que estos reglamentos se respeten y se actualicen. En Estados Unidos, las intoxicaciones involuntarias con pesticidas organofosforados cayeron 70% entre 1994 y 2004.
¿Y en Uruguay?
Acorde con la cultura del secreto que reina en tantos ámbitos en Uruguay, los consumidores saben poco y nada sobre este tema. Nadie les informa. Van al puesto del barrio o al supermercado. Compran. Pagan. Comen. No hacen preguntas y, salvo honrosas excepciones, nadie les da la información necesaria como para empezar a preguntar.

Etiquetas sin información
Cuando un agricultor en Estados Unidos compra un pesticida, éste viene acompañado de una etiqueta que más bien es un librillo. Allí se indica la cantidad del químico que se necesita aplicar según la plaga, el cultivo y la época del año. También el modo de uso y un dato fundamental: el tiempo que hay que esperar entre la última aplicación y la cosecha, para que cuando una persona coma ese vegetal los restos del agroquímico ya hayan desaparecido. Este tiempo también varía según el vegetal.
“Es totalmente diferente el tiempo que demora en degradarse un producto sobre un pelón, que tiene una superficie lisa y sin pelos, que sobre un durazno o una acelga”, explicó el fitopatólogo Mondino. “La degradación del plaguicida depende del vegetal donde se aplique”.
La etiqueta-librillo que acompaña a cada pesticida en Estados Unidos advierte, además, que no respetar las indicaciones allí expuestas supone violar la ley federal.
En Uruguay, en cambio, los pesticidas vienen con etiquetas que ciertamente no son un librillo. La información es mucho más exigua. Los laboratorios solo registran ante el MGAP sus productos para usarlos en los cultivos principales y no para el resto. Entonces, sus etiquetas se limitan a relatar el modo de aplicación y los tiempos de espera para esos cultivos más frecuentes, pero para los demás no se dice nada. No se trata de un problema menor. La ausencia de información completa en las etiquetas lleva a que muchos productores de esos cultivos menores usen los pesticidas a ojo, sin saber exactamente cuánta cantidad aplicar, ni cuántos días deben esperar para la cosecha, con el evidente riesgo para el consumidor.
Mondino relató el caso de un fungicida llamado Iprodione: “Se lo pude utilizar en citrus, manzana, albahaca, cebolla y en infinidad de cultivos. Sería interesante que en la etiqueta de ese producto, donde está la información que recibe el usuario, estuvieran todos esos usos, pero no es así”.
Hace poco un productor lo consultó respecto a qué cantidades de pesticida usar en un cultivo de cebollas. Pero no pudo responderle, porque la información no estaba disponible en la etiqueta y no la pudo conseguir en otro lado. Las cebollas igual se cultivan. A ojo.
“Yo no soy un ecologista ni un agricultor orgánico, soy un docente de la Universidad, fitopatólogo, enseño a mis alumnos el control de las enfermedades de las plantas”, dijo Mondino. “Yo les enseño a usar pesticidas, pero debe ser un uso racional. Y muchas veces quiero enseñar cómo hacer ese uso racional y no encuentro la información mínima indispensable”.
Por eso no sorprende que existan productores que apliquen pesticidas en cultivos que no corresponden, que usen dosis equivocadas o no respeten los tiempos de cosecha.
Tiempo atrás, el supermercado Multiahorro comenzó a hacer analizar muestras de los vegetales que tenía a la venta, para corroborar que no tuvieran altos niveles de pesticidas. Aunque la mayor parte de las muestras no arrojaron problemas, el responsable de la compra de frutas y verduras del supermercado, Alejandro Grondona, relató que en cierta ocasión descubrieron una partida de lechugas que tenía niveles muy altos de un pesticida muy tóxico que en Uruguay solo estaba permitido para los cultivos de papas. “Dejamos de comprarle a ese productor. También nos pasó con alguna acelga”.
Grondona no recuerda el nombre del producto, pero seguramente se trataba de Metamidofos. Tres veces en los últimos años el laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo debió analizar lechugas habían matado aves domésticas. En los tres casos se descubrió una elevada presencia de este pesticida. Imposible saber cuántas personas también comieron de esas lechugas.
Aunque el Metamidofos solo estaba autorizado para la papa, se lo usaba con impunidad en otros cultivos. “En base a que encontramos varios casos de muerte de aves domésticas –relató el técnico de Bromatología Eduardo Egaña- el MGAP sacó una resolución prohibiendo la importación y comercialización de Metamidofos, para todo uso”.
Un problema menos. Pero quedan otros.

Mediciones y porcentajes

Hasta el año 2000 en Uruguay no se hacía ningún control tendiente a determinar la cantidad de residuos de pesticidas presente en las frutas y verduras.
Ese año el Mercado Modelo y la Intendencia de Montevideo, a través de su laboratorio de Bromatología, comenzaron a analizar muestras de vegetales en busca de pesticidas.
No es una tarea sencilla. Por un lado los productos químicos que se aplican son cientos, todos distintos entre sí, lo que hace que se requieran muchos tipos de análisis diferentes. Por otra parte, los volúmenes que se rastrean son minúsculos. “Tenemos que detectar cantidades muy pequeñas, y así y todo pueden ser importantes para la salud humana”, explicó el director del laboratorio de Bromatología, el ingeniero químico Miguel Fernández.
Eduardo Egaña, uno de los encargados de realizar estos análisis, explicó que “buscamos una parte por billón o trillón de una sustancia”. Son nanogramos por kilo. La billonésima parte de un kilo.
Fernández se apresura a aclarar que nadie muere ni enferma por ingerir un nanogramo de pesticida. El problema es que si uno consume esas ínfimas cantidades todos los días con cada manzana, durazno, lechuga o tomate, entonces sí puede enfermar. “Estamos hablando de niveles tan bajos que no son directamente peligrosos en sí; estamos hablando de evitar un daño que se daría por el consumo crónico, por estar toda la vida consumiendo un producto que contiene una sustancia que aún en pequeñas cantidades puede favorecer el desarrollo de una enfermedad”.
Se ha comprobado que varios pesticidas son agentes que favorecen la aparición del cáncer, entre otros males.
El problema es que detectar residuos químicos tan pequeños con eficiencia requiere de una costosa maquinaria. “Para llegar a un nivel técnico que nos permita hacer un control aceptable –dijo el director Fernández- hay que invertir mucho: hay que comprar equipos sofisticados, tecnología muy actualizada. Hemos hecho un esfuerzo por incorporar nuevo personal capacitado y ahora estamos haciendo un esfuerzo por capacitarlos en estas técnicas específicas”.
El primer equipo para realizar esta tarea, un espectógrafo, se compró en 1999 y uno más moderno y de mayor sensibilidad se adquirió en 2009 a un costo de unos 140.000 dólares.
Las primeras muestras, según los resultados que hizo público el Mercado Modelo en 2004, demostraban que el 7% de los vegetales tenían residuos de pesticidas por sobre los límites máximos permitidos.
Hoy ese porcentaje ha caído, dijeron los responsables del laboratorio de Bromatología. Según los actuales análisis, según dijo Eduardo Egaña, las muestras que superan los límites tolerados representan entre el 1,5 y el 2% del total, aunque un 60% tiene algún residuo de plaguicida.
“Cuando arrancamos en el 2000 con los muestreos estábamos en un nivel un poco más alto que Argentina y Brasil. Eso fue mejorando, queremos creer a que en base a que se está monitoreando y capacitando a los productores. Ahora estamos en valores un poco inferiores a los de Brasil. A Europa la dejo de lado, porque aunque el porcentaje de muestras con valores superiores al límite es similar, ellos tienen equipamiento y capacidad analíticos muy superiores, entonces detectan muchos más plaguicidas y a niveles más bajos, y tienen reglamentaciones más exigentes, entonces no los podemos tomar como referencia".
Egaña agregó que “lo más importante de todo esto es que nos ha permitido enseñar a los productores el manejo de los pesticidas y lo que podía ser peligroso. Se han bajado los niveles porque se ha trabajado a conciencia”.

La distancia con Europa

Aunque el porcentaje de muestras por sobre los límites permitidos no parece ser excesivamente alto, la situación está lejos de ser ideal.
Por un lado, como señaló Egaña, Uruguay admite cantidades de residuos de pesticidas que no son toleradas en Europa. Es decir: muestras que en Uruguay están dentro de los límites admitidos, en Europa no son aptas para el consumo humano. Egaña, encargado de realizar los análisis en Bromatología, admite que si Uruguay adoptara los criterios europeos, el porcentaje de frutas y hortalizas con residuos de pesticidas por sobre los límites sería superior al actual 1,5-2%. “Si lleváramos nuestros niveles a los de Europa seguro que ese porcentaje aumentaría. No puedo hacer una estimación de en cuánto”.
Un análisis de 30 muestras de durazno analizadas entre 2004 y 2005 por el Mercado Modelo mostró que el 10% tenían residuos por sobre lo permitido en Uruguay. Pero si se tomaba el límite europeo el 73% superaba lo admitido. En las manzanas analizadas, el 6,6% tenía más residuos que el límite vigente en Uruguay, pero el 13% superaba lo admitido por la Unión Europea.
El fitopatólogo Pedro Mondino afirmó que “Uruguay para fijar el límite máximo de residuos usa el Códex alimetario, un código elaborado por la FAO y la OMS. Pero Europa exige una presencia de residuos muy por debajo de la del Códex. Y uno supone que esa decisión europea está basada en estudios científicos”.
Hay dos tipos de manzanas y peras producidas en Uruguay. Las que se consumen en el mercado interno, en las cuales se toleran más residuos de pesticidas, y las cultivadas para exportar a Europa, con menos restos de agroquímicos. Grisel Moizo, ingeniera agrónona de una empresa exportadora de peras y manzanas, relató que ellos bajan de internet y envían a sus productores las normas europeas respecto a qué pesticidas pueden usar, en qué dosis y con qué tiempo de espera para cosechar.
Moizo cree que, en cierta manera, las mayores exigencias europeas pueden ser una barrera no arancelaria al ingreso de productos de otros continentes. Sin embargo, no todos piensan así y ella misma admite que es un tema complejo.
Eduardo Egaña, del laboratorio de Bromatología de la IMM, señaló que “cuando Europa baja sus niveles de residuos de plaguicidas, siempre alguien dice que se trata de una barrera no arancelaria, que nos exigen cosas imposibles de cumplir, que intentan frenar nuestras exportaciones. Creo que puede haber algo de eso, pero pienso también que es muy importante que Europa cuide la salud de su gente y que nosotros, tratando de llegar a sus niveles, cuidemos también la salud de la población nacional. Los plaguicidas no son benéficos para la salud. Tampoco son un ogro, pero cuánto menos haya, yo voy a estar más tranquilo”.
La propia Moizo señaló –y la experiencia diaria así lo avala- que es perfectamente posible cultivar peras y manzanas con menos pesticidas y de acuerdo con los parámetros que exige la Unión Europea.

Rastreo imposible
Las cifras que arrojan los muestreos del laboratorio de Bromatología son cuestionadas también por basarse en una muestra considerada muy reducida según algunos especialistas. Esa dependencia analiza unas 30 muestras semanales de vegetales. Como a veces ocurren problemas técnicos, el promedio anual es de unas 1.000 muestras.
“Yo admiro a la gente de la Intendencia que está haciendo estos análisis. Todos sabemos que Bromatología tiene dos técnicos excelentes. Pero un país no puede basarse en dos profesionales y en un espectógrafo. Tiene que tener muchos más técnicos, tiene que tener muchos más equipos, tiene que tener la capacidad de procesar un gran número de muestras por día”, dijo el fitopatólogo Mondino. “Ellos dicen que hacen un muestreo representativo, pero no es así, es insignificante y no es representativo de nada”.
El director del laboratorio de Bromatología, Miguel Fernández, respondió: “las muestras siempre van a ser pocas, siempre es deseable poder abarcar mayor cantidad de frutas y hortalizas, pero se hace lo más que se puede, dentro de las posibilidades técnicas y de personal que tenemos”. Desde su punto de vista, la tarea que realiza su laboratorio es muy útil: “Cualquier control por pequeño que sea es muy efectivo para frenar los abusos, porque los productores saben que se está controlando y que el muestreo es al azar, entonces todos se tienen que cuidar. La diferencia entre no hacer nada y hacer poco, es abismal en los resultados”.
Egaña, por su parte, coincidió: “Luxemburgo y Bélgica hacen unas 700 muestras anuales. Nosotros, cuando los equipos responden bien y no hay problemas, llegamos a unas 1.000. O sea que estamos en el nivel de algunos países pequeños europeos. Sin compararnos con Alemania, por ejemplo, que tiene decenas de laboratorios dedicados exclusivamente a esto y hace 70.000 muestras anuales”.
Justamente el problema de Uruguay es que el laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo es el único que analiza las frutas y verduras en busca de restos de pesticidas. Y, además, debe realizar esta tarea junto con una enorme lista de obligaciones.
“Si tuviéramos 50 personas solo para los plaguicidas podríamos hacer más muestras, pero aquí se hacen muchos otros análisis. Controlamos todos los tipos de contaminantes y de aditivos”, dijo Egaña.
Su compañera de trabajo, la química Inés Villa, agregó: “Procesamos 8.000 muestras anuales, y a cada una se le hacen entre cuatro y cinco determinaciones. Hacemos unos cien tipos de determinaciones distintas. Menos carne y vino, analizamos todos los demás alimentos”.
El actual sistema de monitoreo tiene, además, la debilidad de no abarcar a todo el país. Las muestras de frutas y hortalizas examinadas en Bromatología son proporcionadas en un 50% por el Mercado Modelo, mientras la otra mitad es tomada de los supermercados y comercios de la capital por funcionarios municipales. Este sistema deja fuera de todo control a los departamentos más alejados de Montevideo, que se abastecen de vegetales sin pasar por el Mercado Modelo.
Otro problema radica en el procedimiento que se sigue una vez que se detecta una fruta o verdura con más pesticidas que lo autorizado. “Lo que hacemos –explicó Inés Villa- es informarle al director de Seguridad Alimentaria. En caso de tener las posibilidades, a los vegetales representados por esa muestra se los saca de circulación, y luego se habla con el productor y con el ingeniero agrónomo a cargo de ese campo para mejorar las prácticas agrícolas”.
El problema radica en que los análisis tardan 48 horas en tener su resultado y muchas veces los vegetales con plaguicidas por sobre el límite legal ya se vendieron y fueron comidos por algunos de nosotros. “A veces no llegamos a tiempo”, admitió Villa.
Además, Villa y Egaña explicaron que en materia de frutas y verduras Uruguay no ha desarrollado un sistema de trazabilidad como el que tiene para la carne. En ocasiones los técnicos de Bromatología detectan una muestra irregular, pero luego en el Mercado Modelo no saben identificar cuál fue el productor que cultivó esos vegetales. Cuando eso ocurre, es imposible retirar del mercado el resto de la partida, y tampoco se puede realizar la tarea educativa que se proponen los técnicos. “Es un viejo anhelo del Mercado Modelo y de nosotros mejorar en este punto”, dijo Egaña.

Prohibidos fuera de Uruguay
Y la lista de problemas sigue. Uno de los más graves -que Mondino, Egaña y Villa coinciden en denunciar- es que las leyes uruguayas permiten utilizar pesticidas ya prohibidos en distintos lugares del mundo por su comprobada peligrosidad.
La Red de Acción de Plaguicidas y sus alternativas para América Latina (Rapal) denunció que en 2008 se aplicaron en el país unas 6.000 toneladas anuales de agrotóxicos cancerígenos: “En Uruguay está permitido el uso de los herbicidas Glifosato y Atrazina, y de los funguicidas Mancozeb, Kresoxim y Epoxiconazol. Todos estos agrotóxicos son comprobadamente cancerígenos”.
Además, señala Rapal, en Uruguay se permiten varios otros pesticidas sospechosos de provocar cáncer, ya prohibidos en otras partes del mundo por existir pruebas primarias en ese sentido. Entre estos se encuentran los funguicidas Tebuconazol y Carbendazim, el herbicida 2,4 D y el insecticida Cipermetrina.
El fitopatólgo Mondino tiene una copia del decreto por el cual el gobierno de Italia prohibió en 2005 el uso de Carbendazim y obligó a retirar todas las existencias del mercado: “Yo me pregunto: ¿por qué en Uruguay se sigue comercializando este producto? ¿Por qué el MSP no pide a Italia los fundamentos de su decisión?”
Los técnicos del laboratorio de Bromatología de la Intendencia comparten estas críticas. “Estamos de acuerdo en que no debería ser así”, dijo la química Inés Villa. “El organismo humano sabe metabolizar determinadas cosas: grasas, proteínas, azúcares, pero cuando se encuentra son sustancias exógenas extrañas no sabe qué hacer con ellas. Y ahí vienen los problemas. Si un niño de tres años comienza a comer manzanas permanentemente, ¿a los 40 años cómo va a estar? Ese es el tema. No en vano somos unos de los países con más alta incidencia de cáncer. Por algo es. Hay muchos factores. Los residuos de pesticidas pueden ser uno de ellos. En lo que podamos incidir, es bueno hacerlo”.
Eduardo Egaña planteó el caso del insecticida Endosulfán, llamado “el asesino silencioso” por los graves riesgos que conlleva para la salud y el medio ambiente: es una sustancia muy tóxica, capaz de envenenar a quienes trabajan con ella, que permanece en el ambiente durante años y se acumula en la cadena alimenticia. Se sabe que afecta el desarrollo sexual y la capacidad de reproducción en los hombres, y que puede provocar hipotiroidismo, entre otros males. Este insecticida está prohibido en 55 países del mundo, incluyendo los de la Unión Europea y Nueva Zelanda. “Mucha gente ha pedido que lo elimine porque es muy persistente en el medio ambiente, pero en Uruguay se lo sigue usando. Ingresa al país para ser usado en las grandes plantaciones de soja, pero una vez que ya está aquí, se lo usa para otras cosas”, dijo Egaña. “Se lo usa para todo, hasta en los morrones”, agregó Villa.
Luego está el caso del fungicida Mancozeb, usado en abundancia en Uruguay. En Estados Unidos se exige que pasen 77 días entre la última vez que se lo aplica y la cosecha de manzanas, por ejemplo. Ese largo período es necesario porque cuando el Mancozeb comienza a degradarse se forma una sustancia aún más tóxica y peligrosa: la ETU o etilentiourea, un poderoso cancerígeno. Pero desoyendo esta evidencia científica, en Uruguay se exigen apenas 12 días de espera entre la última aplicación y la cosecha.
“Cuando acá comemos la manzana o el tomate tratados con Mancozeb tenemos más concentración de lo más riesgoso para la salud”, afirmó Egaña. “Hay que dejar pasar más días”.
Lo curioso es que la misma autoridad que fija el exiguo plazo de 12 días de tiempo de espera para las manzanas con Mancozeb, o sea el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, recomienda a aquellos productores de manzanas que se dedican a la exportación que tengan un plazo de espera de más de 50 días.
Es el apartheid de las manzanas.
Y el Mancozeb se usa también en tomates, lechugas, duraznos y en muchos otros cultivos.
Para peor no existe en Uruguay la figura de “producto restringido”. En otros países algunos agroquímicos peligrosos integran una lista de uso limitado y solo pueden aplicarlos personas capacitadas y acreditadas. Aquí cualquiera puede aplicar cualquier cosa. Y las etiquetas, volvemos al principio, muchas veces no indican las dosis y los tiempos de espera de muchos cultivos.
La legislación uruguaya tampoco contempla qué ocurre cuando se usan muchos plaguicidas, aunque cada uno de ellos por debajo del máximo autorizado. “Eso también sería importante en algún momento considerarlo, en Europa se lo está estudiando”, dijo Villa. “Es decir, ¿qué hacer cuando un vegetal tiene más de un plaguicida, aunque cada uno por debajo del límite? ¿Cuál es el efecto combinado?”. En el laboratorio de Bromatología han encontrado frutas con restos de hasta nueve pesticidas distintos.
No por casualidad, todos los especialistas consultados para este artículo –Fernández, Egaña, Villa y Mondino- toman serios cuidados con todos los vegetales que ellos mismos comen. Villa lava con un cepillo las manzanas. No las pela para aprovechar las vitaminas de la cáscara, pero las lava al máximo. Fernández, Egaña y Mondino no se arriesgan: las lavan y siempre las pelan. En cuanto a los tomates, hay unanimidad. Los cuatro especialistas lavan y luego pelan religiosamente cada tomate antes de comerlo, algo que la inmensa mayoría de la población no hace porque desconoce todo respecto a este tema. Las lechugas y acelgas no las lavan solo sumergiéndolas en un recipiente con agua, sino también haciéndoles correr mucha agua bajo la canilla, para arrastrar así los residuos de pesticidas. “Y si se las pude fregar, mejor”, dijo Mondino.
Un documento oficial del Mercado Modelo, disponible en su propia página web, recomienda pelar todo, incluso los morrones.
“Hay que pelar todo”, dijo Egaña. “Los residuos de pesticidas caen un 90 por ciento cuando se pela”.

Fragmento de un informe de Leonardo Haberkorn, publicado en la última edición de la revista Placer.
el.informante.blog@gmail.com

9.8.07

Energía nuclear: la madre de todas las dependencias

Energía nuclear es lo que Uruguay necesita. Para eso es necesario derogar la ley que prohibe su uso. Con este discurso están insistiendo algunos políticos, científicos y periodistas. 
Entre los políticos, quien lanzó el tema al ruedo fue el senador blanco Sergio Abreu. Luego se sumaron su correligionario Ruperto Long, y el colorado Isaac Alfie. También el escritor Carlos Maggi y el ingeniero Álvaro Bermúdez, ex director nacional de Energía.
También al gobierno parece haber llegado la ola nuclear. Meses atrás, el subsecretario de Industria y Energía, Martín Ponce de León, había rechazado la posibilidad de instalar en Uruguay una central nuclear por la suma de sus inconvenientes: “Un tipo de central como la nuclear en todo caso está muy lejos en el horizonte de la razonabilidad técnico-económica”, declaró. Pero otros gobernantes no parecen tan firmes en su oposición. El ministro Jorge Lepra aprovechó su viaje a Finlandia para visitar centrales atómicas y el presidente de UTE, Gerardo Rey, dijo en estos días, al término de un seminario sobre políticas energéticas, que el gobierno no descarta la instalación de una central nuclear a mediano plazo.
Los argumentos a favor de que Uruguay abrace el uso del átomo como solución energética son varios y se centran en una realidad que no es local sino mundial: el uso del petróleo como fuente de energía está destruyendo al medio ambiente, está cambiando el clima de la Tierra y amenaza con agotar las reservas energéticas muy pronto. El actual modo de vida se encamina hacia un colapso. Los optimistas dicen que el petróleo se agotará o se tornará demasiado caro para seguir usándolo a partir de 2030 o 2040. Los pesimistas dicen que eso puede comenzará a ocurrir poco después de 2010.
Ante ese panorama tan desalentador, algunos sostienen que la solución es la energía nuclear, que no genera anhídrido carbónico y, por lo tanto, no recalienta el planeta.
Incluso algunos ambientalistas han dado marcha atrás en su oposición a la energía atómica. “Soy ecologista y ruego a mis amigos del movimiento que abandonen su equivocada objeción a la energía nuclear”, dijo el científico británico James Lovelock, un luchador contra el calentamiento global.
En algunos lugares del mundo, este relanzamiento de la opción nuclear ha dado lugar a un debate de fondo sobre las políticas energéticas, el modelo de desarrollo y el cuidado del medio ambiente.
En Uruguay, sin embargo, el debate nuclear exhibe la misma pobreza con que se discute, por ejemplo, sobre el transporte público o las políticas educativas.
Para empezar, mientras Abreu, Long, Alfie, Maggi y compañía recorren día tras día los medios con su prédica atómica, la otra campana no suena. Nadie entrevista a quienes sostienen que lo nuclear no es solución. Muchos argumentos de fondo de esta polémica son soslayados o tratados con un nivel de desinformación alarmante.
Días atrás, el senador Abreu fue entrevistado en una radio. Tras su fuerte alegato atómico, un oyente llamó a la emisora y comentó que es raro que se proponga construir un reactor nuclear cuando Uruguay desaprovecha toda su potencial energía eólica. Como Abreu ya no estaba en el estudio, el periodista respondió en su lugar: la energía eólica, dijo, no sirve para alimentar ciudades (no sabe, por ejemplo, que Dinamarca genera el 20% de toda su electricidad con la energía del viento). Luego otro oyente comentó que los niveles de seguridad que ofrece Uruguay no son los ideales para tener un reactor nuclear funcionando a la vuelta de la esquina. El periodista descalificó el argumento señalando que, razonando así, tampoco podría funcionar la planta de Botnia (no sabe, evidentemente, que el desastre de Chernobyl liberó una cantidad de radiación que algunos calculan fue equivalente al lanzamiento de entre 200 y 400 bombas de Hiroshima, algo que Botnia nunca podrá lograr ni siquiera en la más catastrofista de las visiones).
Este es el nivel del debate y así es como la prensa ayuda a aclarar el tema.

El gran salto

Los políticos uruguayos nunca se preocuparon por trabajar sistemáticamente a favor de la independencia energética del país. Mientras que el mundo lleva décadas aprovechando las energías derivadas del viento, el sol, la biomasa, en Uruguay todo eso se ha desaprovechado olímpicamente durante años sin que Abreu, Alfie y Long recorrieran los medios haciendo notar su molestia. Nuestra siesta lleva décadas y promete seguir. Mientras en el mundo se investiga cómo usar la energía del hidrógeno y la del mar, acá seguimos discutiendo qué hacer con la refinería de Ancap.
Las únicas obras destinadas a dotar de una parcial autonomía energética al Uruguay –sus represas hidroeléctricas- fueron todas ellas obras de gobiernos dictatoriales. La represa de Rincón del Bonete fue realizada durante la dictadura de Gabriel Terra. Salto Grande y Palmar son obras de la dictadura militar. Eso también habría que enseñarlo en los cursos de historia reciente.
A la democracia uruguaya nunca le interesó dotar de autonomía energética al país. Por alguna razón (¿cuál será?) la única política energética nacional ha sido la de importar petróleo, derrocharlo en abundancia y luego volver a importarlo.
Encontrar petróleo nunca interesó de verdad. La investigación de nuestro subsuelo ha sido dotada de recursos irrisorios. No es casualidad que seamos el único país de América del Sur donde nunca se encontró petróleo.
Tampoco hemos invertido nada en desarrollar alternativas propias a la importación de combustible. Batlle y Ordóñez quiso hacerlo. Ordenó al Instituto de Geología (antecesor de Ancap) que investigara la invención de un combustible derivado del alcohol. Pero terminaron fabricando caña, whisky y grapa.
Ni siquiera se llevó adelante nunca una política tendiente a ahorrar el petróleo que tan caro nos cuesta. Tenemos en Montevideo un sistema de transporte colectivo tan espantoso que todo aquel que puede es compelido a usar su propio auto. En Uruguay no se usan los ríos para transportar mercaderías, un sistema mucho más económico que el transporte carretero. Al ferrocarril se lo dejó fundir ex profeso para así gastar más combustible usando miles de camiones. La leña, que podría alimentar las calderas que hoy funcionan a petróleo, se la damos, más barata, a Botnia. Alguien, en Finlandia, decidió que eso era mejor para nosotros.
Con este panorama, no es raro que Uruguay sea tan pobre y dependiente: cada día nos levantamos y trabajamos para eso. Tenemos, eso sí, una compañía importadora de petróleo rica, que alimenta una casta de funcionarios privilegiados, mientras el resto del país paga la nafta más cara del continente. Todo lo que Uruguay recibe de sus exportaciones de carne lo gasta en importar petróleo.
Hoy cuando no llueve y las represas que construyeron las dictaduras militares se quedan sin agua, no tenemos otra alternativa que comprar más petróleo y quemarlo. Cuando la sequía de 2003, el entonces presidente Jorge Batlle anunció el plan energético nacional: “el buen Dios se va a ocupar”.
Los partidos políticos que han generado este desastre energético se han despertado de golpe. Tienen la solución mágica. El país que debe todas las materias –estudio del subsuelo, prospección petrolera, racionalización del consumo, uso del alcohol, aprovechamiento del viento, de la energía solar, de la biomasa, estudio de nuevas tecnologías- ahora tiene una solución milagrosa: saltearse todas las previas e ir directo a la energía nuclear.

Lo nuclear

La energía nuclear es resistida en todo el mundo. Pero para un país atrasado tecnológicamente como Uruguay, las dificultades para abrazar el sueño atómico son todavía mayores.
Para empezar, las centrales nucleares necesitan uranio para funcionar y Uruguay carece por completo de este mineral, al igual que el petróleo. Se habla de posibles yacimientos, sin que se haya descubierto nada por el momento.
Es cierto que las centrales nucleares no necesitan grandes cantidades de uranio, pero también es cierto que las reservas mundiales de este mineral son muy escasas. Se calcula que se agotarán en menos de 100 años: igual que el petróleo.
Los costos de levantar una central nuclear son enormes: para un país que ya domina la tecnología nuclear se estima que una central tipo cuesta unos 1.500 millones de dólares; para un país que desconoce todo sobre este tema el costo de multiplica por una cifra que nadie se atreve a mencionar. Los plazos de construcción son eternos. La tecnología que se usa debería ser importada en un cien por ciento. Lejos de independizarnos una central atómica nos generaría una nueva dependencia, muy cara por cierto. Construir una central nuclear en nombre de la autonomía energética es una paradoja, como declarar la guerra por la paz. La energía atómica refuerza nuestras dependencias tecnológica y de combustible.
Pero, con todo, estos son apenas “detalles” respecto a dos enormes problemas que presenta la energía nuclear: su seguridad y el manejo de sus residuos.
“¿Dígame una cosa, la energía nuclear es mala palabra? ¿Por qué está limitada por ley? ¿Cuál es el tema? ¿El tema de la seguridad? ¿Chernobyl? Si tenemos una planta de energía nuclear a 400 kilómetros de Montevideo en Argentina (...) Si le pasara algo a la planta de Atucha, el ser uruguayos y no tener a Atucha no nos libra del problema”, dijo el senador Abreu en 2005, en radio Carve, cuando comenzó su campaña atómica. Según Abreu, la seguridad “está controlada porque las plantas nucleares se controlan y hay energía nuclear en el mundo entero”.
Lo que es tan fácil para el senador Abreu no es tan claro para el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que en 2003 publicó un informe de referencia, titulado The future of nuclear power, en el cual plantea que los problemas de seguridad de las plantas atómicas y sus residuos siguen siendo dos graves problemas que impiden su uso masivo.
Chernobyl no fue el único accidente nuclear, una mera excepción, como hoy se pretende que el público crea. Hubo muchos otros. La fama de Chernobyl deriva de su extraordinaria magnitud. Chernobyl impregnó de radiactividad una superficie de 160.000 kilómetros cuadrados, el Uruguay entero.
Abreu argumenta que tener la central atómica argentina de Atucha tan cerca nos expone a los mismos riesgos sin gozar de los beneficios energéticos. No es cierto.
Para empezar: es obvio que la multiplicación de centrales multiplica los riesgos de un accidente producido por un error humano o una falla en la central.
Segundo: las distancias geográficas cuentan. Hoy, 20 años después de la tragedia de Chernobyl, existe una zona de exclusión alrededor de la vieja central soviética donde la vida está prohibida porque la radiación es tan alta que todavía es un riesgo mortal echarse en el pasto o cultivar verduras. Esa zona muerta, donde las grandes ciudades están abandonadas y desiertas, se extiende en un radio de 30 kilómetros alrededor de Chernobyl. Atucha está a 100 kilómetros de Nueva Palmira, 170 de Colonia y Mercedes y 360 de Montevideo. Un accidente en Atucha sería sí una catástrofe en Uruguay, pero sería mucho peor tener una central nuclear en nuestro propio territorio. Cualquiera puede hacer las cuentas.
Pero la energía nuclear plantea un problema todavía más grave: cómo manejar sus residuos, que mantienen su radioactividad letal durante 10.000 años.
¿Cómo los manejará Uruguay? ¿Los residuos atómicos serán cuidados tal como se cuidan los libros de la Biblioteca Nacional? ¿La eficiencia será la de la Dirección de Meteorología? ¿El nivel de seguridad será el del Comcar? ¿Los controles serán como los del Banco Central?
Otra pregunta que los propagandistas de lo nuclear no responden en cómo se calcula el costo económico de manejar residuos letales que seguirán en actividad dentro de 10.000 años.
La basura nuclear es hoy más peligrosa que nunca, porque son el bien más buscado por los grupos terroristas.
Por eso es que quienes hoy pregonan la construcción de nuevas centrales nucleares piden que los países del tercer mundo las construyan, pero que los residuos sean vigilados, manejados y retirados por Estados Unidos u otra potencia.
Álvaro Bermudez, ex director de Energía, en un alegato a favor de lo nuclear realizado en radio El Espectador señaló: “Lo más interesante son las ofertas que están haciendo ahora países como Rusia y Francia, que incluyen la posibilidad de no tener que manejar esos residuos personalmente. Ofrecen encargarse del combustible nuclear y de retirar los residuos”.
Es decir que si se construyera una central nuclear en Uruguay dependeríamos de la “buena voluntad” de alguna potencia para que venga a retirarnos los peligrosísimos residuos atómicos. ¿Qué se nos pediría a cambio de semejante favor?
Lo peor es que esta dependencia no se prolongará durante una década, ni durante dos, ni durante un siglo, ni durante mil años: es una dependencia de 10.000 años. Linda forma de lograr la autonomía energética.
Hace unos días, la ministra de Medio Ambiente de España, Cristina Narbona, dijo que la energía nuclear “no sólo no es la solución” al desastre ambiental mundial sino una parte importante del problema, debido al peligro que representan justamente sus residuos radiactivos.
Narbona observó que los almacenes de residuos que existen en las centrales nucleares españolas están “al límite” de su capacidad y recordó que en dos años Francia devolverá a España los residuos nucleares allí depositados, un problema grave y sin solución definitiva en el que algunos ahora quieren embarcar al Uruguay.
Detrás de la energía nuclear se mueven intereses económicos muy poderosos. Su interés es vender una tecnología de miles de millones de dólares y que, al mismo tiempo, genera una dependencia hasta el fin de los días.
Uruguay ya vivió esta historia con el petróleo: alguien (¿cómo habrá hecho?) nos convenció de que nuestra única alternativa energética era importarlo, derrocharlo y volverlo a importar. Y en eso estamos.
Ahora, que el petróleo se termina, nos quieren convencer de que abracemos la energía atómica, cuyos residuos nunca podremos manejar, porque el hombre todavía no sabe cómo hacerlo.
En España, tres periodistas -Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal- acaban de publicar Conspiraciones tóxicas, un libro de editorial Planeta.
La obra relata cómo distintos lobbys logran que se tomen decisiones políticas que benefician a unos pocos y perjudican a millones. En una entrevista que les realizó el diario El Mundo, los tres periodistas acusaron a los políticos “por ser tan permeables a la acción de los lobbies industriales”. “Las presiones son enormes”, dicen. “En el libro contamos numerosos casos de presiones exitosas de la industria nuclear”.
En la entrevista les preguntan: “¿Por qué no se ha tomado más en cuenta la aplicación de fuentes de energía renovables?” “Sin duda alguna, por la acción eficaz de los lobbies del petróleo, nuclear y demás”, responden.
No es un problema sólo de España. El lobby del petróleo escribió nuestro triste presente. El lobby nuclear quiere escribir nuestro incierto futuro.




Artículo de Leonardo Habekorn
Publicado en el diario Plan B, 15 de junio de 2007
el.informante.blog@gmail.com


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